La fuerza de los votos prima para votar el CIP

QUITO.- Pese a los reparos de los sectores políticos de oposición y colectivos sociales y de profesionales del país, la mayoría oficialista se impuso al aprobar, ayer, los dos primeros libros del nuevo Código Integral Penal (CIP) sin mayores modificaciones de fondo de lo que fue el informe original de la Comisión de Justicia, excepto en el punto relacionado al aborto.

En ese tema, un grupo de 20 asambleístas, encabezado por Paola Pabón (Alianza PAIS), presentó un texto alternativo sugiriendo la despenalización del aborto por violación. Sin embargo, la advertencia del presidente Rafael Correa con renunciar si pasa ese artículo, les hizo retroceder.

En el informe entregado a los asambleístas antier de los dos primeros libros del CIP se realizaron cambios de forma: en el tema de la no afiliación al IESS en donde se redujo de 25 a 50 salarios de multa a 3 y 5 salarios en contra del empresario.

El resto de temas polémicos planteados durante el debate que se inició el 9 de octubre, no fu tomado en cuenta.

Ignorados

“Es impresentable lo que se votará hoy”, dijo el jurista y legislador Ramiro Aguilar (Suma), al constatar que las sugerencias que se hicieron en el debate del Código se les ignoró por parte de la Comisión.

En el informe votado ayer se incluye puntos sensibles como la penalización de la mala práctica profesional, el aborto, el acoso político, los accidentes de tránsito con muerte, la no afiliación al IESS, tráfico de emigrantes.

Además, el endurecimiento de las penas para infracciones como la financiación del terrorismo, lavado de activos, entre otros que exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para excluir al Ecuador de la lista de países no cooperantes.

Cuestionan aplicabilidad

Para los catedráticos y abogados en libre ejercicio profesional, Paulina Araujo y Gonzalo Silva, las consecuencias de aprobar un Código sin sustento técnico y jurídico impedirán su plena aplicación.

Para Araujo, en una visión general del CIP, lo primero que salta a la vista es que el discurso político está orientado a convencer que este Código será la solución a todos los problemas delincuenciales en el país, lo que no es cierto.

Su principal reparo es al capítulo de la violencia intrafamiliar, en el que las penas son mínimas frente a delitos como la usura, que tendrá una pena de cinco a siete años. “No entiendo por qué para el legislador vale más la propiedad que la integridad sicológica de la familia”, se preguntó.

Además, sostuvo que en los puntos de genocidio y etnocidio, acoso político, entre otros, existen vacíos graves.

Por ello, señaló que siendo este un cuerpo normativo fundamental porque implica normas que puede restringir derechos cuando se ha cometido un delito, no está a la altura de las verdaderas necesidades que tiene el país.

Para Gonzalo Silva, si bien la legislación requería de innovaciones, las consecuencias de la aplicación del nuevo CIP serán incalculables para el Estado.

En Síntesis

.- El artículo 146 establece como homicidio culposo por mala práctica profesional, a la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Además será inhabilitada para el ejercicio de su profesión por un tiempo igual a la mitad de la condena.

.- Artículo 150: El aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en la posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos: Haberlo practicado para evitar un peligro de vida y salud para la mujer embarazada; y, si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental.

.- Artículo 372.- La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, suspensión de la licencia de conducir por seis meses.

.- Artículo 331.- (Rebelión) La persona que realice acciones violentas que tengan por objeto o efecto el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Artículo 348.- Traición a la Patria. Será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años en tiempo de paz, todo ciudadanos que incurran en esta infracción.

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