Los magistrados defenestrados recibirán entre 15 y 15 millones

QUITO.- Entre 12 y 15 millones de dólares podría pagar el Estado ecuatoriano a los magistrados de la entonces Corte Suprema de Justicia (CSJ) por indemnización al haber sido cesados en funciones en 2004 por una mayoría afín al gobierno de Lucio Gutiérrez.

Esto, dentro de la demanda internacional que interpusieron los exmagistrados en contra del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), cuyo proceso se encuentra en la fase de sentencia.

Este monto no incluye la reparación económica que también reclaman los exmiembros del entonces Tribunal Constitucional (TC), que también fueron cesados en el cargo por la mayoría que operaba en el entonces Congreso Nacional que lideraba Sociedad Patriótica, el PSC, el Prian, entre otras agrupaciones políticas.

Según el procurador general del Estado, Diego García, cada exjuez está demandando una reparación entre 400 y 500 mil dólares, equivalentes a los valores de las remuneraciones que hubieran percibido dentro del tiempo que les quedaba como magistrados.

Sin embargo, aspira a que la CorteIDH tome en cuenta los alegatos de “buena fe” que presentó el Ecuador al reconocer que se vulneraron los derechos de los demandantes y, por consiguiente, mermen los montos, tal como lo hizo en los casos Sarayacu y de Melba Suárez.

El procurador fue tajante en el hecho de que cualesquiera que sea el monto de la indemnización que está por dictarse, debe ser asumido por los actores responsables de esas resoluciones, en aplicación al derecho de Repetición que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdicciones, vigente desde 2009.

El mecanismo que dispone esa normativa, es la obligación del Estado a investigar y determinar responsables, a fin de que a su vez se interpongan las correspondientes demandas para el pago de los daños.

En este sentido, reveló que se ha pedido a las autoridades pertinentes que asuman esa tarea (demandas) porque no se le dio la competencia a la Procuraduría ni para que inicie las demandas ni para que establezca responsabilidades.

Para el abogado del Estado si bien el fallo está por salir, la Corte se toma un tiempo de deliberación por la magnitud de la discusión y la incidencia política que puede tener en el futuro y también por lo complejo desde el punto de vista del Derecho.

En marzo de este año, en Colombia, la CorteIDH, en la última etapa del proceso, recibió los argumentos de los afectados que incluyeron a los exmiembros del exTC.

A lo largo de este proceso, que ha tardado alrededor de 10 años, tres exjueces de la CSJ fallecieron.

En la nómina de los demandantes constan: Jaime Velasco Dávila (expresidente de la CSJ), Hernán Salgado, Mauro Terán, entre otros. (ANL).

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